El Gobierno nacional presentó los lineamientos para una profunda actualización de la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196), uno de los regímenes promotores más importantes de la historia del sector, que busca adaptarse a los nuevos tiempos con foco en la desburocratización, la transparencia y la complementariedad con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Durante el Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre organizado por PANORAMA MINERO, María Eugenia Bais, Directora Nacional de Inversiones Mineras, explicó que la reforma apunta a “fortalecer y devolverle seriedad” al régimen, eliminando la discrecionalidad y estableciendo criterios unificados para la evaluación de proyectos.
Clave para proyectos fuera del RIGI
Una de las conclusiones más relevantes es que la Ley de Inversiones Mineras mantendrá su vigencia y será complementaria al RIGI, tal como lo permite la Ley Bases. Esto es fundamental para proyectos que, por su escala o temporalidad, no alcancen los requisitos del RIGI, pero que igualmente requieren incentivos para avanzar. Además, proyectos que ya operan bajo la Ley 24.196 podrán evaluar una adhesión al RIGI sin perder beneficios previos, siempre que no se superpongan.
Beneficios que se mantienen y se potencian
La ley conservará herramientas clave como la doble deducción del Impuesto a las Ganancias, no contemplada en el RIGI. A su vez, se unificarán criterios en materia de importación, devolución de IVA, amortizaciones y armonización ambiental, con el objetivo de brindar mayor predictibilidad a los inversores.
Hacia un control más eficiente y documentado
Bais aclaró que la simplificación no implica menos control, sino un cambio de metodología: se avanzará hacia auditorías presenciales y se implementará un sistema de registro digital de antecedentes de proyectos, lo que garantizará trazabilidad y reducirá la discrecionalidad en la interpretación normativa.
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